Artículo 520 LECrim: derechos de la persona detenida

1. Texto vigente

El artículo 520 LECrim establece que la detención y la prisión provisional deben practicarse de la forma que menos perjudique a la persona afectada, sin que puedan mantenerse más tiempo del estrictamente necesario para realizar las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, con un límite máximo de setenta y dos horas hasta la puesta en libertad o a disposición judicial. Reconoce a toda persona detenida un catálogo de derechos que incluye, entre otros: ser informada por escrito, en lenguaje sencillo y accesible, de los hechos que se le atribuyen y las razones de la detención; guardar silencio y no declarar contra sí misma; designar abogado y ser asistida por él; comunicar la detención a un familiar o persona que indique; ser reconocida por el médico forense; contar con intérprete si no comprende el idioma; y acceder a los elementos esenciales de las actuaciones imprescindibles para impugnar la legalidad de la detención. El apartado 2 bis exige adaptar la forma en que se facilita esta información a la edad, madurez, discapacidad y demás circunstancias personales del detenido. Los apartados siguientes regulan la notificación consular, las garantías específicas de los menores, la designación de abogado, las funciones de asistencia letrada durante la detención, la confidencialidad de las comunicaciones con el abogado y los supuestos, muy limitados, en que puede renunciarse a la asistencia letrada en determinados delitos contra la seguridad vial.

Estructura comprobada el 21 de agosto de 2026 sobre la versión consolidada del artículo 520 publicada por el Boletín Oficial del Estado, en su redacción dada por la Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, y la Ley Orgánica 5/2015, de 27 de abril. El texto consolidado del BOE tiene carácter informativo: la publicación oficial es la única con valor jurídico. Puede consultarse en el texto consolidado de la LECrim en boe.es. Antes de citar la redacción literal del artículo en un escrito procesal, verifique cada apartado directamente en el BOE: esta es una estructura fiel pero resumida, no una transcripción letra por letra.

2. Explicación sencilla

El artículo 520 LECrim regula qué derechos tiene toda persona detenida desde el momento en que se acuerda o se hace efectiva la detención, y se aplica a cualquier persona privada de libertad por las autoridades, con independencia del delito investigado. Es la pieza central de la protección del detenido: no basta con detener conforme a la ley, también hay que informar, asistir y limitar en el tiempo esa privación de libertad.

3. Derechos reconocidos

Información de los hechos atribuidos y de las razones de la detención, por escrito y en lenguaje comprensible.
Derecho a guardar silencio y a no declarar contra sí mismo.
Designación de abogado y asistencia letrada efectiva, no meramente formal.
Comunicación de la detención a un familiar o persona designada, y a la oficina consular si es extranjero.
Reconocimiento por el médico forense o facultativo.
Intérprete gratuito si no comprende el idioma empleado.
Acceso a los elementos esenciales de las actuaciones necesarios para impugnar la legalidad de la detención.
Puesta en libertad o a disposición judicial dentro del plazo máximo de setenta y dos horas.

4. Aplicación práctica

La información de derechos debe documentarse por escrito, en un modelo normalizado que el detenido pueda conservar y consultar.
El abogado debe poder entrevistarse reservadamente con el detenido antes de que preste declaración, y esa entrevista debe distinguirse con claridad de la declaración misma.
El acceso a los «elementos esenciales» del atestado no puede posponerse de forma indefinida ni limitarse a información verbal genérica: debe facilitarse mediante extracto de materiales, exhibición de documentos u otros soportes que permitan cuestionar realmente la detención, y a más tardar en el momento de la comparecencia judicial.
Cuando el detenido solicite abogado, la autoridad policial tiene la obligación imperativa de activar de inmediato la designación de letrado de oficio si no cuenta con uno de confianza.

5. Consecuencias del incumplimiento

Posible invalidez de la declaración prestada sin la información de derechos o sin asistencia letrada efectiva.
Vulneración del derecho a la libertad (art. 17 CE) si se supera el plazo máximo de detención o si esta no se practica de la forma menos gravosa posible.
Vulneración del derecho de defensa cuando se deniega el acceso a los elementos esenciales del atestado necesarios para impugnar la detención.
Procedencia de habeas corpus cuando la privación de libertad no esté judicialmente acordada o incumpla los requisitos formales y materiales legalmente exigidos.
Incidencia sobre pruebas derivadas de una detención o declaración irregular, a valorar según las circunstancias de cada caso.

Resoluciones que deben recurrirse inmediatamente

La denegación de acceso a los elementos esenciales del atestado, la inadmisión de una solicitud de habeas corpus por motivos de fondo (en lugar de por defectos formales tasados) y la prórroga de la detención sin justificación específica son actuaciones que deben impugnarse de inmediato, sin esperar a fases posteriores del procedimiento, porque de otro modo la vulneración puede quedar sin reparación efectiva.

6. Jurisprudencia

Tribunal Constitucional, STC 196/1987, de 11 de diciembre: el derecho a la asistencia letrada del detenido protege ante todo la efectividad de la defensa técnica, más que la libre elección del abogado; un letrado de oficio garantiza una protección equivalente, incluso en situación de incomunicación.
Tribunal Constitucional, STC 21/2018, de 5 de marzo: el detenido tiene derecho a recibir información escrita sobre los motivos de su privación de libertad con datos objetivos específicos —no bastan las generalizaciones— y a acceder a los elementos esenciales de las actuaciones policiales para poder impugnar la legalidad de la detención.
Tribunal Constitucional, STC 83/2019, de 17 de junio: cuando el investigado privado de libertad solicita acceso a elementos esenciales del expediente para combatir la medida cautelar, el juez debe facilitar lo imprescindible para cuestionar su procedencia, incluso en causas declaradas secretas, y a más tardar en el momento de la comparecencia.
Tribunal Constitucional, STC 103/2022, de 12 de septiembre: la autoridad policial tiene obligación imperativa de activar la designación de abogado de oficio en cuanto el detenido lo solicita; además, un procedimiento de habeas corpus no puede inadmitirse por razones de fondo, solo por defectos formales tasados.

7. Preguntas frecuentes

¿Puede el detenido negarse a declarar?

Sí. El derecho a guardar silencio y a no declarar contra sí mismo es uno de los derechos expresamente reconocidos por el artículo 520 y no puede utilizarse en su contra.

¿Puede hablar con su abogado antes de declarar?

Sí, tiene derecho a una entrevista reservada con su abogado antes de prestar declaración, distinta e independiente de la propia declaración.

¿Cuándo puede acceder el abogado al atestado?

Debe poder acceder a los elementos esenciales para impugnar la detención antes de la declaración o, como máximo, a tiempo de preparar la comparecencia judicial; una negativa absoluta o una información meramente verbal y genérica no cumple con esta exigencia.

¿Cuánto puede durar la detención?

Como máximo setenta y dos horas, y solo el tiempo estrictamente necesario para realizar las averiguaciones dirigidas al esclarecimiento de los hechos; superado ese plazo, el detenido debe ser puesto en libertad o a disposición judicial.

¿Qué ocurre si no se le informan sus derechos?

Puede determinar la invalidez de las diligencias practicadas y abrir la vía del habeas corpus si la privación de libertad deja de ajustarse a los requisitos legales; consulte con su abogado si esto ha ocurrido en su caso.

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9. Aplicación profesional

La aplicación del artículo 520 LECrim depende de cómo se practicaron la detención, la información de derechos y la declaración. José Martín García presta asistencia letrada a detenidos e investigados. Consulte el servicio profesional de asistencia penal urgente.